Es decir, si bien un magistrado tiene la potestad de administrar Justicia en nombre de la sociedad, también existen principios constitucionales y de naturaleza supranacional que deben ser respetados a efectos de que de un lado el magistrado no incurra en Delito de Prevaricato, pero sobre todo, de no atentar contra los derechos del imputado o investigado, como son el derecho a la igualdad ante la ley, la dignidad de la persona y sobre todo, de privar su libertad, so pretexto de que como nuestra ciudadanía exige que se combata a la delincuencia, por ello se debería sancionar a toda persona a quien se atribuye haber realizado determinado acto, que según el agraviado o denunciante, constituiría un delito o una falta de naturaleza penal.
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DR. HIDALGO VALERIANO MAMANI.
